Madrid, 2 mar. La ONG Prisoners Defenders anunció este jueves junto al Consejo General de la Abogacía Española y a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, la futura interposición de una denuncia ante Naciones Unidas por las «violaciones sistemáticas» en el proceso judicial de 400 personas en Cuba en las manifestaciones de 2021.
En un acto conjunto en Madrid en el que también participaron el eurodiputado español Javier Nart y el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, se dio a conocer el análisis finalizado de «279 casos» de entre los «1.077 prisioneros políticos actuales en Cuba», según la ONG, que quieren presentar a lo largo de este mes, cuando alcancen los 400 casos esgrimidos.
Charanzová denunció la «sistemática violación de los Derechos Humanos que la dictadura comunista perpetra contra sus propios ciudadanos»: «Esta denuncia recoge la interferencia del Partido Comunista de Cuba en el desarrollo de la justicia, y sale a la luz la tortura en presos políticos, incluso en niños».
El presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de España, Blas Jesús Imbroda, aseguró que la denuncia expone «de forma precisa, rigurosa y jurídicamente intachable» las violaciones de los derechos de estos presos.
«Pone en evidencia las barbaries de la dictadura cubana que viola sistemática los Derechos Humanos, controla e influye todos los poderes, incluido el judicial», manifestó Imbroda, quien recordó que la abogacía española «siempre» ha «defendido el estado de Derecho» en «cualquier rincón del mundo».
SIETE VIOLACIONES «SISTEMÁTICAS» EN EL PROCESO JUDICIAL DE LOS DETENIDOS
El análisis, realizado por «más de diez juristas», se basa en el estudio de siete violaciones «sistemáticas» del proceso judicial a los detenidos tras las marchas del conocido como 11J, como la ausencia de defensa para los detenidos o la falta de independencia de los juzgados «del poder ejecutivo y del Partido Comunista de Cuba».
«Muchos de los juicios fueron exprés, orales, sin sentencia, sin abogados, en tribunales militares y en cuestión de horas: en 96 horas están condenando al acusado que no sabe de qué se le acusa, porque no recibe la sentencia», reveló Javier Larrondo, presidente de Prisioners Defenders.
Larrondo explicó que su organización examinó «todos los casos» a los que tuvieron acceso, «unos cientos» de las manifestaciones de julio de 2021 y recordó que antes de estas marchas «Cuba tenía entre 135 y 150 presos políticos, normalmente intelectuales, periodistas o activistas».
«Más de once mil personas en Cuba estaban condenadas por condenas preventivas, personas en las que se observa una conducta contraria a la moral socialista proclives a cometer un delito en el futuro, parecía que no podía ser peor, pero a partir del 11J lo es», lamentó.
En esa línea, subrayó que actualmente en las cárceles cubanas «hay más de 90.000 presos y otros 40.000 están condenados con medidas de limitación domiciliaria».
ENTRE 5.000 Y 8.000 DETENIDOS TRAS EL 11J
Según sus propios datos, extraídos a través de testimonios de presos, calculan que fueron «entre 5.000 y 8.000» los detenidos «en solo unos días», en los que también «el régimen aprovechó para ir a los hogares de los activistas» ya fichados y aunque no hubieran participado en las marchas, «los cogieron» igualmente.
«Hay 1.077 personas con condenas impuestas, 36 niños y niñas, 17 de ellos condenados por sedición, de diferentes provincias y que no tenían contacto entre ellos, ya me dirán qué tipo de sedición pueden hacer entre gente que no se conoce», añadió.
Larrondo compartió además que «938 prisioneros políticos ya han sido sentenciados», la mayoría «con penas mayores de cinco años, incluso de 30 años y cadena perpetua» así como que de los «410 menores que sufren prisión en Cuba, 260 tienen 16 años y 150 tienen 15 años o menos».